sábado, 26 de diciembre de 2009

Un sueño convertido en pesadilla


EN ESTE AYUNTAMIENTO TODO LO QUE PUEDA OCURRIR EN CONTRA DE LA POBLACIÓN OCURRIRÁ MAS PRONTO O MAS TARDE.
Mi mujer necesitaba un cambio y en aquella parcela vi una oportunidad". Eduardo Castañares recuerda lo idílico que dibujaba el futuro cuando en agosto de 2006 optó por hipotecar su dúplex en Hoya Pozuelo y presentarse a una de las subastas de suelo urbano residencial que convocó entonces el Ayuntamiento de Telde en Marpequeña.

El joven aspiraba a levantar su nueva casa sin vecinos pared con pared y tras entramparse hasta las cejas, pero su sueño se convirtió en la peor de sus pesadillas. Es diciembre de 2009 y Eduardo no ha podido siquiera echar los cimientos por un cúmulo de errores y problemas de los que culpabiliza, mostrando abundante documentación, a la Corporación local y a una filial de la firma Santana Cazorla, a la sazón propietaria del solar anexo.

"En agosto de 2006 adquirí el suelo por 135.000 euros en una subasta a la que también acudió esta empresa", recuerda. Un terreno de 194 metros cuadrados escriturado y con un proyecto de edificación que sufre problemas "cuando la empresa se da cuenta de que el otro terreno que posee a mi lado apenas posee cinco metros de frontis por un problema que nada tenía que ver conmigo. Con esas dimensiones no podían edificar nada, así que yo les ofrecí cambiarles mi terreno por otro o comprarles la tira que no les servía por 30.000 euros. El caso es que ni me contestaron, y que, cuando fui a edificar, el Ayuntamiento, que me había vendido el solar como urbano, me deniega el permiso alegando que los terrenos no están urbanizados. Un argumento ridículo por cuanto en la misma línea de acera hay varias casas entregadas y hasta con agua y luz", relata estupefacto.

Aquí arranca el calvario de Eduardo, que no entiende "cómo el Ayuntamiento pone a la venta suelo urbano cuando, según sostiene después, no tiene esta condición". Su odisea no había hecho más que empezar.

"En Urbanismo me dicen que tengo que ir a hablar con el promotor de la urbanización, que es la misma empresa a la que yo le había ganado la subasta, para pedirles permiso para acceder a mi parcela, lo cual suena ridículo. Desde entonces, transcurre todo un año en el que mi abogado no deja de presentar escritos solicitando la licencia de obra. En enero de 2009 nos apuntan a que el expediente se ha perdido. En febrero, denuncio al Ayuntamiento por infidelidad en la custodia de documentos. Al final aparece y aquí empieza lo bueno".

"Trece días antes de darme la licencia, la empresa se mete algo más de un metro en mi terreno y pone unos cimientos de 19 metros de largo. Tras mucho batallar, el 2 de julio de 2009 y después de decirme que era el Ayuntamiento el que se había confundido a la hora de reparcelar los terrenos que subastó, desde la constructora me mandan un burofax reconociendo que ha sido un error suyo y anunciando que iban a salir de mis propiedades. El día 4", prosigue, "empiezan a quitar los cimientos, pero detienen los trabajos porque un vecino denuncia el ruido y la policía lo para todo".

Han pasado tres años de la subasta que ha terminado por arruinar la vida de Eduardo cuando, en septiembre de 2009, el afectado decide dar un paso más y denuncia al consistorio pidiendo 150.000 euros por daños y perjuicios. "Estoy hipotecado hasta las cejas, no puedo vender y no he podido edificar una casa que iba a ocupar en menos de un año", señala.

Así se explicaba Eduardo a finales de noviembre, cuando puso el caso en conocimiento de este rotativo. El periódico quiso recabar la versión de la constructora, y un día después de cursar dicha solicitud, la firma comenzaba a retirar la referida tira de hormigón. Fuentes autorizadas por la empresa constructora aseguran que todo se debe a "una incorrecta reparcelación del lugar por parte del Ayuntamiento" y que la empresa "no hizo más que ocupar los terrenos que según su escritura le correspondían. Después, ambos nos percatamos del error e intentamos llegar a un acuerdo para exigir, entre ambos, una solución al consistorio, verdadero culpable de lo ocurrido. Pero él [en alusión a Eduardo] cambió su criterio y ahora nos reclama que le paguemos los 2.000 euros que se ha gastado en un abogado. Que sepamos, no existe ningún pleito o denuncia judicial por su parte contra nosotros", concluyen.

LA PROVINCIA

No hay comentarios: