El Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias asegura que una sentencia del TSJC, comunicada el pasado jueves a la partes, declara improcedente de un grupo de trabajadores del servicio de mantenimiento de vías públicas, que estaba gestionado por Santana Cazorla mediante concesión administrativa, y obliga al Ayuntamiento a readmitirlos o a indemnizarlos.
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