sábado, 7 de marzo de 2009

CONSTRUCCION ILEGAL


La APMUN ordena el derribo de una construcción ilegal en el municipio grancanario de Telde
Impone una multa de 16.000 euros por la vulneración de la legalidad vigente
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha ordenado la demolición de un muro de hormigón y de una edificación sin terminar, donde se tenía la intención de albergar varios cuartos, que está situada en el municipio grancanario de Telde, cuya construcción se ha realizado en una parcela localizada en suelo rústico sin contar con los permisos pertinentes para ello, la calificación territorial y la licencia urbanística. El objeto de la decisión de la APMUN es el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada por la comisión de esta infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. Esta resolución se publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ante la imposibilidad de su notificación al infractor. Los hechos sujetos a la comisión de la infracción administrativa consisten en la construcción de una edificación, el levantamiento de un muro de hormigón y la realización de un cuarto para a su vez dividirlo en varias partes. La APMUN, además de establecer el derribo de las obras ilegales localizadas en el lugar denominado Montaña Las Huesas en Telde, impone una multa de 16.000 euros por la vulneración de la legalidad vigente. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con el objeto de lograr la reposición del terreno al estado anterior de la comisión de la infracción, ha requerido al expedientado para que en el plazo de un mes presente el correspondiente proyecto, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que el incumplimiento de tal requerimiento dará lugar a que la Administración ejecute subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

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